Por :Ariel Palacios Angulo
Trabajador Social
Miembro del equipo Técnico de la C.N.O.A.
Incidencia Política y Legislativa

La implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) está en estado crítico no solo por los componentes ambientales que subyacen en materia humanitaria y recrudecimiento del conflicto armado, la Corte Constitucional en el último tiempo desde su sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T – 025 de 2004 ha profundizado en estudiar y recomendar acciones micro territoriales para llevar la presencia del Estado a las comunidades impactadas desproporcionadamente por el conflicto; Auto 005 de 2009, 045 de 2012, 073 de 2014, 620 de 2017 por mencionar algunos; dichas ordenes no han sido cumplidas siendo ordenes excepcionales y de carácter urgente. No obstante, pueden ser utilizadas como indicador para acelerar procesos de gestión públicas en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado el año 2016.

 La implementación para los pueblos étnicos se encuentra en el 7%, una alerta roja para Colombia y la comunidad internacional. 

Durante el trabajo de seguimiento especializado de dichas medidas judiciales y políticas públicas introducidas por el AFP, tuvimos la esperanza de asistir a un refuerzo institucional para llevar la tranquilidad y el respaldo del Estado a las comunidades afrocolombianas.

La Comisionada María Angela Salazar tuvo la comprensión de que en Colombia las garantías iniciales del AFP parecen desvanecerse.

Dicha afirmación, es una valoración determinada con ocasión de las acciones promovidas por del Gobierno Nacional, con su  tipo de liderazgo y transmisión de mensajes que evidencian un escenario de desinstitucionalización de políticas, es decir, en los múltiples hechos del acontecer nacional se percibe coincidencia de fuerzas movilizando acciones contra el Acuerdo Final de Paz; por un lado, desde la Casa de Nariño y por el otro lado, desde las áreas del Pacifico y Caribe donde ocurren cruentas confrontaciones armadas y aceleración de las actividades del narcotráfico. La crisis humanitaria por cuenta del conflicto armado, el resurgimiento de diversas estructuras armadas ilegales denominadas guerrillas disidentes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos pos-desmovilización paramilitar, dichos grupos mantienen confrontación sistemática por el control territorial y continúan golpeando mayoritariamente comunidades afrodescendientes. El impacto es sistemático, se presentan asesinatos, persecución a líderes y no menos de veinte mil (20.000) desplazamientos forzados entre noviembre 2019 y mayo de 2020.

En Colombia existe una exclusión política y discriminación institucional sistemática del pueblo afrocolombiano, la baja capacidad institucional y poca voluntad política se refleja en la confusión institucional cuando se preguntan por los presupuestos específicos para las políticas del pueblo afrocolombiano en materia estructural. Dicho panorama en lo macro se evidencia en la apropiación anual del Presupuesto General y en lo micro por la inexistencia de presupuestos para el Acceso y Formalización de Tierras y los Planes Integrales de Reparación Colectivas (PIRC).

Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2020 adoptó la técnica de planeación de política publica que se conoce como el marcador presupuestal, el cual repetidamente señalan los funcionarios del gobierno nacional al mostrar dichas metas e indicadores con un presupuesto estimado en (37 billones). En materia presupuestal es necesario hacer un seguimiento especifico de cada uno de los marcadores en el sentido de no permitir que el gobierno continúe presentando las acciones regulares de política publica nacional como medidas del acuerdo de paz.

La revisión de los avances en materia de Reforma Agraria y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) muestran que los esfuerzos no han sido suficientes para garantizar los compromisos con las comunidades afrocolombianas. Especialmente, el Fondo de Tierras tiene serios problemas de distribución, más del 50% de los predios se concentran en Antioquia, Bolívar y Meta y en términos generales de un (1) millón de hectáreas solo se han entregado el 3% de las hectáreas. Uno de los aspectos graves es que el Fondo de Tierras en la actualidad no contempla una sub cuenta para comunidades afrocolombianas y el Decreto 1983 de 2019, que regulan el Catastro Multipropósito, no mencionan el enfoque étnico ni el enfoque diferencial. Es importante señalar que, si bien, los PDET cumplen con el indicador de formulación en este gobierno, su ejecución está siendo revestida o llenada con cuanto servicio social el Estado promueve en materia de adquisición de bienes e infraestructura de bajo calado. No es lo pactado con las comunidades.

El punto 2 del Acuerdo vincula la participación política electoral sobre el cual existen pocos avances, no se ha cumplido el diseño y desarrollo de un programa de fortalecimiento de capacidades en temas de participación ciudadana, control social, anticorrupción y transparencia. Por el contrario, aumenta el asesinato de líderes y lideresas sociales del país, y especialmente líderes y autoridades étnicas. Es evidente que las (16) curules de la Circunscripción de Paz en el Congreso de la Republica han sido bloqueadas por que en gran medida estas posibilitarían la presencia de líderes y autoridades afrocolombianas en el Congreso de la Republica. Por lo menos (5) curules de (16) se elijarían en zonas de mayoría poblacional de víctimas afrocolombianas.

Al observar el punto 3 del Acuerdo, la propuesta Fin del Conflicto se puede percibir que la sociedad colombiana conoce las dificultades del proceso de reincorporación, se han asesinado más de (200) colombianos que dejaron las armas en el AFP y de otro lado, el crudo panorama de reclasificación de la guerra pone en serios aprietos la supervivencia en los territorios afrocolombianos que hoy son el escenario de las operaciones militares.

Una conexión importante con el Punto 4 del Acuerdo, sin duda alguna el crecimiento del conflicto y puja en el control territorial está relacionado con el dominio de las operaciones del narcotráfico. Mientras se observa un proceso de gestación de otro capítulo del conflicto armado letal contra las comunidades a través de la consolidación de los Grupos Disidentes y en especial, el Bloque de la Segunda Marquetalia y su gran potencia en el Pacifico colombiano, el gobierno nacional por su parte incumple los acuerdos suscritos con las comunidades, convirtió la gestión publica en actividades militares de erradicación forzada, aumentó el Lobby político en Washington y Bogotá  en el método del Glifosato consiguiendo con ello profundizar los conflictos territoriales y  un desmoronamiento la confianza construida en 2017 y 2018 entre las comunidades sembradoras de coca y las instituciones. Cada día de gestión publica de este gobierno nos aleja más de la solución al problema de las drogas ilícitas entre otras porque actúa a oídos sordos de los estudios y recomendaciones que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Finalmente, mantener el respaldo de la sociedad y las comunidades afrocolombianas al sistema de justicia transicional es valioso en tanto la mayor parte de los avances positivos se encuentran en este componente del AFP. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) tienen importantes desafíos en materia étnica y valoramos las comisiones de asuntos étnico raciales diseñadas y puestas en marcha, la importancia de consolidar los despliegues territoriales para aportar al acompañamiento de casos en la JEP y aportar a la construcción de la verdad vinculando la voz de las comunidades con impactos desproporcionados del conflicto armado. Al observar el informe de gestión del gobierno nacional en enfoque étnico; resulta de altísima preocupación la manera en que se conduce la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, ya no solo el desafío está en ampliar la temporalidad del Decreto 4635 de 2011 sino un seguimiento especial dada la importancia de esta política.

La implementación y verificación del punto 6 del AFP contempla una Instancia Especial de Pueblos Étnicos IEANPE la cual ha tenido dificultades en su funcionamiento, pero especialmente preocupan las garantías para el acceso a información adecuada para el seguimiento y el monitoreo, incluyendo el seguimiento financiero. Tenemos una alerta de riesgo por regresividad en consulta previa, libre e informada panorama en el cual el movimiento organizativo afrocolombiano debe utilizar todas sus fortalezas y capacidades para enfrentar las maniobras de poderes económicos con fuertes grupos de Lobby contra las comunidades en el Congreso de la Republica y anclados en las instituciones los cuales promueven una Administración Publica con Resoluciones de bolsillo pasando por las prescripciones constitucionales.

La Editorial C.N.O.A., es un canal de comunicación abierto del pueblo Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero. Los artículos publicados aquí manifiestan las opiniones de sus autores/as.