Desde la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas C.N.O.A, lamentamos y expresamos nuestra consternación y repudio por los recientes feminicidios de mujeres y niñas en  el país y de manera especial en Barranquilla, Cauca y Buenaventura. Al igual que manifestamos  gran preocupación, por la situación de violación a los derechos humanos hacia las mujeres y lideresas. 

Entre el  año 2017 y 2018 han sido asesinadas 1.724 mujeres  en su mayoría, casos de feminicidio, según medicina legal.  Y en este el primer trimestre del 2019 van 48 de crímenes según información Judicial de la Vicefiscal General, Maria Paulina Rivero.  

Algunas de víctimas han sido  menores de edad,  indígenas, afros y mestizas, las cuales   perdieron su vida en escalofriantes y confuso hechos. Algunas de ellas son, Yuliana Chirimuscay Velasco de 15 años, María José Ortega de 6 años, Suleiny Rivera Barrero de 11 años, Diana Tatiana Rodríguez de 10 años, Rosmery Castrillón, de 16 años  entre otras.

También está el caso de la lideresa social  Paula Rosero Ordoñez, quien recibió varios impactos de balas por desconocidos, que cegaron su vida al instante, también Isbelia Eric Ávila De Peña,  Diana Cecilia Jiménez Castaño, la lideresa  social, Leidy Johana Soto, entre tantas.

En algunos casos las autoridades han logrado capturas y judicializaciones, pero la impunidad alcanza niveles alarmantes, especialmente cuando de mujeres y niñas se trata, convirtiéndose en un elemento central para la perpetuidad de las violencias de género. En general, la situación  de violencia sexual y feminicidios contra las mujeres y las niñas en Colombia es preocupante y delicada.

Aunque las mujeres cuentan con herramientas jurídicas, especiales de protección como: ley 1257 de 2008, Ley 1761 de 2015, conocida con el nombre de “Ley Rosa Elvira Cely”, ley 1719 de 2014; estas no siempre son efectivas, cuando son requeridas por las víctimas. De igual forma las mujeres de Colombia, muchas veces no cuentan con el apoyo de las autoridades, ni de los organismos que deben asistirles, en los casos cuando son amenazadas, maltratadas, o abusadas en razón de su identidad de género, u orientación sexual, (mujeres transgéneras, lesbianas y bisexuales).

Las instituciones que tienen un papel especifico, para dar cumplimiento a las demandas de la normatividad, para las mujeres, muchas no alcanzan a cumplir con objetivo y lo más importante con la atención y valoración de los derechos humanos de las mujeres.

Por la anterior la CNOA hace un llamado al Estado Colombiano, las autoridades locales, regionales, nacionales para una  reacción oportuna e inmediata en la defensa de las mujeres y niñas, al igual  hacemos las siguientes peticiones:

  • La eliminación de los prejuicios basados en género en relación con las violencias contra las mujeres.
  • Aplicar la pena máxima, a los agresores que incurran en el delito de feminicidio, sin medios de beneficios. Y no, celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias.
  • Que la Procuraduría y la Fiscalía Nacional, investigue a los agentes estatales y otras autoridades por su tolerancia con la estrategia de los grupos armados, por sus asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y la violencia sexual a mujeres y niñas.
  • Que la Procuraduría y Fiscalía Nacional investigue la supuesta negligencia de las autoridades competentes en adoptar las medidas necesarias de promoción, prevención, atención oportuna y efectiva de las acciones que menoscaban la dignidad humana, de las mujeres y las niñas, con especial atención en la población femenina afrodescendiente e indígena.
  • A las autoridades competentes Nacionales y territoriales, mayor seguridad, para garantizar a la población femenina, el disfrute de los espacios del público, sin zozobra, miedos ni amenazas, para que el desplazamiento por las calles, barrios y el transporte público ad sea de manera segura y acordes para todas las mujeres del país.
  • Aunar mayores esfuerzos para la articulación e interlocución efectiva de las Comisarías de Familia, la Fiscalía y la Policía con las instituciones del Sistema de Salud. Dar cumplimiento, a la ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, al igual que la ruta de trata de personas.