Bogotá, 29 de Julio de 2020
La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas C.N.O.A., rechaza la masacre ocurrida en el palenque de San José de Uré al sur del departamento de Córdoba, en la que la continuidad del conflicto armado ha cobrado la vida de 6 personas asesinadas esta semana, incluyendo 2 jóvenes menores de edad y más de 50 familias han sido desplazadas, quienes hoy se encuentran en la cabecera municipal a la espera de ayuda humanitaria ante el riesgo inminente que aún enfrentan.
De las 269 personas, 52 son niños y niñas menores de 11 años.
La comunidad de San José de Uré, históricamente afectada por el conflicto armado y con múltiples actores ilegales, sigue en medio de una disputa territorial que se agudiza día a día cobrando la vida de personas inocentes, vulnerando sus derechos individuales y colectivos como pueblo afrodescendiente. Dada esta realidad, este municipio ha sido priorizado por la Corte Constitucional en el marco del auto 005 de la Sentencia T-25 de 2004 para el diseño e implementación de los Planes de prevención y protección que a la fecha no se han cumplido; hace parte también del PDET del sur de Córdoba y de la agenda Zona Futuro para el Bajo Cauca y el sur de Córdoba dados los impactos de las economías ilícitas relacionadas con cultivos de coca y narcotráfico que desde la perspectiva del gobierno nacional, amerita la intervención integral en materia de seguridad con la Fuerza Pública, así como fortalecer y acelerar la implementación de los PDET.
En la actualidad, estas agendas no han impactado en el mejoramiento de la calidad de vida y la protección de los derechos de la comunidad afrodescendiente, sujetos de protección especial en el territorio, tanto a nivel urbano como rural y han desconocido de manera sistemática las medidas de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y las recomendaciones planteadas de la incorporación del enfoque étnico-racial en el marco de cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
Exhortamos a las autoridades competentes a agilizar la respuesta institucional y a articular los esfuerzos para garantizar la vida en condiciones dignas y la seguridad de la población afectada. Hacemos un llamado urgente a la Comunidad Internacional con presencia en el territorio para hacer acompañamiento y seguimiento pertinente, que posibilite garantizar los derechos de la población en este territorio históricamente excluido y afectado por el conflicto armado, condiciones que han llevado a la naturalización de las múltiples violencias que hoy experimenta este pueblo étnico, y a la invisibilidad de esta realidad a la que el Estado no ha dado respuesta efectiva para impedir la continuidad. La vida es primero.
