Por: Dora Inés Vivanco Julio

Equipo Técnico, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA

Un censo debidamente realizado profundiza la democracia y aporta a la inclusión social, ¿se lograría este propósito con el censo 2018?

2018 ha sido un año con muchos sucesos que han sacudido al país hacia diferentes direcciones: elecciones al congreso de la República, elecciones presidenciales, la copa mundial de futbol con nuestra selección activa, movilizaciones sociales, la incertidumbre por la implementación de los acuerdos de paz y el censo nacional de población y vivienda (CNPV); y quizás fue particularmente este último, el que pasó más desapercibido.

A doce años de haberse realizado el último CNPV (2005), el DANE informó a finales de 2017 que a partir del 9 de enero de 2018 comenzaría el operativo del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, dando así cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en su artículo 161:

“El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizará el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda en el año 2016. Se llevará a cabo un conteo intercensal de población a los cinco (5) años de realizado el censo de población y vivienda para el monitoreo y seguimiento de la dinámica demográfica, y la actualización y mantenimiento del Marco Geoestadístico Nacional y de las proyecciones de población.”

Y fue solo hasta la primera semana de enero que empezaron a publicarse las campañas de sensibilización para informar a los colombianos que el más importante operativo estadístico del país daría inicio. A diferencia de proceso anteriores la duración no será de un día, sino que se extendió a 10 meses, con dos fases que responderían a la declaración del DANE de la austeridad presupuestal de su implementación. Inició así una el censo por internet, que constaba de un formulario web, que tenía 3 características: abierto quienes quisieran utilizar este instrumento, con énfasis en ciudades donde hay mayor conectividad y habría un llamado especial -que se convirtió en obligatorio aún en los rincones más alejados del Colombia donde difícilmente se tenía acceso a internet- a los funcionarios públicos para que utilizaran esta herramienta. La segunda fase, puerta a puerta, proyectada inicialmente para 3 meses se convirtió en 6.

La austeridad nos salió cara! Porque las quejas desde diferentes regiones del país, incluida la misma capital de Bogotá, reportaron la no cobertura del 100% del operativo censal, o su inadecuada implementación por parte de los censistas. ¿La razón? Podría denominarse una profecía autorrealizada que hemos tenido como país, iniciada en la I Audiencia Étnica de la Procuraduría en diciembre de 2017, cuando, desde las organizaciones étnicas afrodescendientes e indígenas de hizo un llamado a revisar las preocupaciones ya identificadas a la fecha, que podrían poner en riesgo la realización efectiva del censo, entendiendo que la improvisación en dar respuesta a las contingencias identificadas, no podía ser la característica de un ejercicio civil tan importante, y que un censo de población realizado a medias pondría en riesgo el futuro de todos los colombianos, particularmente la implementación de los acuerdos del fin del conflicto, y con ello, la reparación de los pueblos étnicos como lo definen diferentes Sentencias de la Corte Constitucional.

La Corte ha sido enfática en las afectaciones desproporcionadas a los pueblos afrocolombianos en territorios históricamente impactados por el conflicto armado, por lo que el censo no solo significa la caracterización de donde estamos, como estamos, sino además el instrumento de planeación más importante para el país para generar transformaciones reales y disminuir la exclusión, constituyéndose en la esperanza de construcción de una paz territorial estable y duradera. De allí la importancia de que este censo integrara el enfoque diferencial étnico, que formara adecuadamente a los censistas, que informara oportunamente sobre la importancia estratégica del censo a las y los colombianos y llegara a todo el territorio nacional. Lamentablemente, la evidencia pone en tela de juicio de que esto se haya logrado.

Y es que si bien la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas ya había hechor recomendaciones a Colombia sobre la importancia de la implementación del censo, reconociendo y adoptando el enfoque étnico para caracterizar adecuadamente a la población afro y formular políticas públicas pertinentes a nuestras realidades, la autoridad del censo resumió la adopción de este enfoque a la pregunta de autorreconocimiento étnico, que en muchas regiones del país no fue realizada. El ejercicio de democracia e inclusión social quedó supeditado en la mayoría de los casos al juicio de los censistas, por observación, y muchos de ellos sin el adecuado entrenamiento para cumplir su labor.

Sin censistas capacitados debidamente, y campañas de sensibilización insuficientes que informaran al país que estábamos en #modocenso durante 10 meses, como se enterarían los colombianos de la importancia de participar de manera efectiva. Sin bien las campañas autónomas de censo como las de Yo cuento en este cuento de CNOA, y Hagámonos contar bien de la Mesa Interétnica Censal* lograron llegar a muchos territorios. Sin embargo, no fueron suficientes, máxime, cuando la realidad en la diversa geografía colombiana, a nivel urbano y rural sigue experimentando la presencia de actores armados al margen de la ley, barreras invisibles y desconfianzas que limitaron garantizar la calidad y cobertura del 100% del censo. Y adivinen donde fue mas evidente esta situación? Exacto, en territorios étnicos, donde a dos años de la firma de los acuerdos, el conflicto sigue exacerbado.

Y es que la necesidad de que los pueblos étnicos sean debidamente registrados en un censo debe vencer cualquier dificultad técnica, tanto del DANE para llegar a los territorios donde habitamos los afrocolombianos (entiéndase los 32 departamentos en zona urbana y rural); como las dificultades presentadas a partir del proceso de consulta previa, libre e informada realizada en coordinación con el Espacio Nacional de Consulta Previa Afrodescendiente, a partir del cual diversos sectores a nivel territorial afirmaron que esta consulta no se llevó a cabo con transparencia, ni cumplió con los estándares que se requieren para la garantía de este derecho como pueblo étnico.

Y ahora qué sigue? Se entendería que hacer veeduría ciudadana a la estrategia de monitoreo a la etapa postcensal y de entrega de resultados sería un primer paso, (si el DANE la informara). La víspera de las festividades decembrinas no puede ser una cortina de humo ante la premura de contar con estos resultados, como instrumento de gestión para 2019: próximo Plan Nacional de Desarrollo, propuestas programáticas para alcaldes y gobernadores, implementación de los PDTEs, estrategias territoriales para la implementación del acuerdo de paz… la carta de navegación que configura el censo debe ser certera y entregada de manera oportuna, y los medios de comunicación están llamados a jugar un papel protagónico en la visibilidad de este proceso, de manera digna y responsable, pues ya es hora de mostrarnos de forma lastimera y empobrecida, para hacer parte del cambio de imaginarios frente a esas concepciones racistas y discriminatorias, mostrando esa otra realidad, la de como aporta el pueblo afrocolombiano a la construcción de país, de la importancia de la visibilidad estadística también en los medios de comunicación.

Colombia no puede seguir a ciegas formulando políticas a partir de proyecciones de hace 13 años. Y como pueblo afrocolombiano el reto es aún mas grande e implicará tomar las medidas que sean necesarias para garantizar que esta caracterización sea completada de manera transparente y responsable por parte del DANE, para que el ejercicio de la democracia deje de ser un saludo a la bandera, y la promulgación de la Colombia pluriétnica y multicultural definida en la Constitución comience a cobrar vida. Cómo sociedad civil seguiremos tocando las puertas de la Procuraduría, la Defensoría y la comunidad internacional para que acompañen a las organizaciones sociales en la exigibilidad en este reconocimiento como sujetos de derecho, que inicia con el derecho a existir para el Estado Colombiano. Y si no existimos en el censo…?


*La Mesa Interétnica Censal – MIC es una iniciativa de carácter técnico conformada por organizaciones afrodescendientes e indígenas en conjunto con universidades del país, que es fruto de la maduración del proceso de intercambio de investigaciones y trabajo territorial sobre el tema censal desde hace aproximadamente cuatro años. La MIC está conformada por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, CIDSE; la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA; el grupo de investigación IDCARÁN de la Universidad Nacional; el Movimiento Nacional Cimarrón, el Observatorio de Discriminación Racial – ODR, conformado por la Universidad de los Andes, Dejusticia y PCN; la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y el Proceso de Comunidades Negras, PCN.