Palabras de Ariel Palacios Angulo sobre la intervención del día de hoy, 22 de octubre de 2015
En los últimos 10 años el Estado Colombiano ha avanzado en materia de visibilidad estadística, de política pública sobre desplazamiento forzado, ha adoptado una ley contra la discriminación racial, ha hecho esfuerzos para lograr un espacio de interlocución con las comunidades afrodescendientes de cara a la garantía de los derechos fundamentales a la consulta previa y al territorio. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes por diversas situaciones: la primera porque el Estado tiene un abandono histórico sobre las comunidades afrodescendientes, que ha implicado una debilidad en el proceso de diálogo, interlocución e institucionalidad afrodescendiente; una segunda, tiene que ver con los rezagos que tienen los territorios afrodescendientes a raíz de que las inversiones no contemplan mayores transformaciones en la territorialidad afrodescendiente, y una última que tiene que ver con los problemas estructurales de falta de transparencia institucional en las regiones, debilidad en la presencia del Estado y los procesos de corrupción que se viven en el país en especial en el Pacífico y el Caribe colombiano.
Tenemos un panorama de olvido histórico que se reviste de racismo estructural e institucional, que afecta la vida de los afrodescendientes. Nosotros hoy hemos planteado en Washington una audiencia que revela datos sobre necesidades básicas insatisfechas, también en materia de políticas diferenciales y la falta de aplicación de la normatividad que existe en el país; hay un cúmulo de normas que no son aplicadas y unos derechos constitucionales que no son salvaguardados, pese a la insistencia de la Corte Constitucional para que se cumplan esos derechos de las comunidades. Incluso en la última sentencia de la Corte Constitucional, la Sentencia 576 del 2014, la Corte plantea al Estado colombiano cuáles son los obstáculos que impiden la garantía de los derechos a las comunidades afrodescendientes. También los casos, los episodios, por ejemplo, los asesinatos de índole racial en Bogotá, los asesinatos de líderes afrodescendientes, los procesos de desterritorialización y violación a los derechos humanos y también las dificultades que se viven en regiones por efecto de la minería como resultado de un modelo económico que profundiza la crisis en materia de garantía de derechos para las comunidades afrodescendientes, una minería que extrae las riquezas en el Pacífico y el Caribe colombiano, que genera la expulsión de cientos de comunidades del territorio y los ubica en las periferias de las principales ciudades del país, esto genera profundidad de la pobreza, profundidad de los indicadores de goce efectivo de derechos. Ese panorama es el que venimos a revelar acá, en los Estados Unidos, sobre la minucia de las diversas afectaciones que implican para la comunidad afrodescendiente el incumplimiento por parte del Estado del conjunto de los derechos.
