Desde la CNOA nos solidarizamos con las organizaciones del Foro Interétnico Solidaridad Chocó Sector Afro- FISCH y demás organizaciones que han hecho posible la sentencia T-622 de 2016b en la cual se declara al río Atrato sujeto de derechos.

“Atrato es, Atrato soy y Atrato debemos seguir siendo”

Así lo afirma Vanessa Rivas, miembro de Cocomacia (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato), una de las organizaciones que interpusieron una tutela en contra del gobierno en 2015 que terminó en una histórica sentencia: la T-622, que reconoce al Río Atrato como sujeto de derechos.

El Atrato no tiene un valor únicamente por ser el río más caudaloso de Colombia. Numerosos pueblos afros, indígenas y mestizos, como cuenta el Padre Esterling Londoño, se han asentado en sus orillas. El territorio se ha convertido en espacio significativo, relacionado con prácticas ancestrales y memorias. Abid Manuel Robaña, coordinador del Foro Interétnico Chocó-Fisch, explica que “para las comunidades negras que habitamos el Atrato, lo que significa es vida”, aludiendo a su valor esencial para el sostenimiento y desarrollo de estas comunidades.

La sentencia, que nació de una tutela interpuesta por distintas organizaciones comunitarias, contiene un enfoque biocultural, según lo que explica el Padre Esterling. Ratifica que, “se articulan los derechos étnicos, de manera que la sentencia tiene en su extensión el enfoque étnico, mirado así desde los derechos de estos pueblos que perviven por su iniciativa con una ausencia estatal, pero con un sentimiento étnico muy profundo”

En Chocó-Fisch, precisamente, fue uno de los lugares donde nació la idea de la tutela, en un inicio. Este Foro, que Robaña describe como “una plataforma para organizaciones étnicas y sociales de mujeres, jóvenes y la comunidad LGBTI”, fue uno de los accionantes en la tutela, junto con organizaciones como Cocomacia, Cocomopoca (Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato), Asocoba (Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato), entre otros.

La tutela surgió por la situación que veían los asentados alrededor del Atrato. Problemáticas como la minería ilegal, que incidía directamente en la contaminación con residuos tóxicos al río, así como la explotación forestal, han afectado el estado del Río y la vida de las

comunidades asentadas. Así, los accionantes de la tutela, como explica Jeison Palacios, miembro de Chocó-Fisch, se sustentaron en la tesis de que, para garantizar el derecho a un ambiente sano, se debía proteger la integridad del Río, frenando la contaminación y afectación a este. “Lo que sí”, prosigue Palacios, “fue la decisión que tomó la Corte”, de convertir al Atrato en un sujeto de derechos.

Un sujeto de derechos, según los que explica Jeison Palacios, es aquél que tiene obligaciones, deberes y derechos. En el caso específico del Río, se refiere a que este se convierte en un sujeto de especial protección y, así, debe tener un especial cuidado por parte de las entidades garantes de su conservación.

La sentencia, de esta manera, también resulta novedosa en tanto que establece dos partes principales responsables por la protección del Atrato: el gobierno colombiano y las comunidades asentadas. A razón de esta lógica es que la sentencia establece la figura de los guardianes. Según lo que explica Maryuri Mosquera, representante de Cocomopoca y guardiana de río, lo que se acordó es que se iban a establecer dos guardianes por cada organización que participó como accionante en la tutela. En el momento, existen 14 guardianes del Río Atrato, que se aseguran de la protección del territorio y que deben también velar por la garantía de la sentencia.

En el marco de la responsabilidad compartida entre el gobierno y los demandantes, precisamente, es que se ordenó que se concretaran planes de acción con distintas entidades gubernamentales. Lo que cuenta Mosquera es que el plan de acción con el Ministerio de Ambiente está en proceso; el del Ministerio de Salud está a la espera de ser iniciado; y el del Ministerio de Agricultura está sin iniciar.

Para que la sentencia que reconoció al Atrato como sujeto de derechos no se quede en el aire, enfatiza Vanessa Rivas, se debe hacer un llamado a las instituciones demandadas que tiene el compromiso de acatar lo acordado. “Esta lucha ha sido grande, bonita y necesaria”, recalca Rivas, “con el amor que le tenemos a nuestro río, trabajemos”.